Almada mostró sus cartas para desligarse de la acusación de Bonadío

Almada mostró sus cartas para desligarse de la acusación de Bonadío

Con necesidad y urgencia, Fernando Almada convocó a una conferencia en la mañana del viernes para argumentar su desacuerdo ante la resolución del juez federal. “Podemos mostrar y demostrar, tanto con documentación como con la realidad, que se cumplió con el programa”, sentenció. El funcionario adelantó que apelarán con documentos firmados por una inspección de la Secretaría de Ambiente de octubre último que avalan su inocencia.

Tras el impacto que generó el procesamiento del intendente de El Trébol, Fernando Almada, en la tarde del jueves por el juez federal Claudio Bonadío – donde otros 92 funcionarios quedaron bajo la misma circunstancia – el jefe del Ejecutivo de la localidad del departamento San Martín convocó rápidamente y en la mañana de este viernes a una conferencia de prensa. “Estamos asombrados porque hay una argumentación débil y pequeña. Nuestro letrado ahora está trabajando para presentar la apelación”, adelantó ante los micrófonos.

La bomba mediática estalló en la tarde del jueves a nivel nacional. Y su expansión no tardó en llegar a cada rincón del país, sobre todo a aquellas localidades donde sus intendentes estaban salpicados en una causa por presunto desvío de fondos públicos en el manejo de un total de $600 millones destinados al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Fue con necesidad y urgencia que a las 10 de la mañana de este viernes el intendente de El Trébol convocó a los medios para las 10.30 a una conferencia de prensa. “Podemos mostrar y demostrar, tanto con documentación como con la realidad, que se cumplió con el programa. Tenemos una constancia que la obra está concluida satisfactoriamente y en pleno funcionamiento. Vamos a estar difundiendo imágenes fílmicas de las personas que llegaron a hacer la inspección y en donde se las puede observar valorando la calidad de planta de residuos”, se defendió.

Almada había sido citado en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (causa 7302/16), donde se investigaba una serie de irregularidades observadas entre 2013 y 2015. La Municipalidad de El Trébol recibió el 23 de octubre de 2013 la suma de $2.037.800 con destinos a una planta y equipamiento. Y en agosto de 2018, el funcionario había pasado por Comodoro Py para brindar declaración y desligarse por completo del desvío de fondos públicos. “Después de esa indagatoria estábamos esperando la resolución en primera instancia. Esta es una causa que involucra a muchos funcionarios. Dentro de las alternativas existía la posibilidad que se pidiera el procesamiento. Entramos en una etapa como para en el futuro llevar adelante el juicio. Ahora atravesamos un periodo de apelación, donde vamos a argumentar nuestro desacuerdo. Y ahí esperaremos que se resuelva si los elementos son necesarios para continuar con la causa o no”, sostuvo ante los medios.

El intendente de El Trébol aseguró ser optimista con el avance de su procesamiento refutando que “más allá de una demora en el tiempo y una cuestión administrativa que puede ser objetable, hay cosas que son claras. Los ciudadanos saben que la planta está y se encuentra en funcionamiento. Que el dinero que se recepcionó para este convenio se utilizó para tal fin. Y nosotros hemos sobre rendido los $2.037.800 recibidos. Realizamos dos rendiciones: una inicial de $2.555.000 y otra de $2.400.000. O sea que en total fueron unos $5 millones. Esto quiere decir que el Municipio aportó más del 60%”.

El funcionario continuó exponiendo elementos para desligarse de la acusación y adelantó que bajo la manga guardan un componente clave que hasta el momento no se había difundido. “Lo mantuvimos en reserva porque fue posterior a la declaración que hicimos” indicó. Se trata de una inspección realizada el 10 de octubre del 2018 por la Secretaria de Medioambiente de la Nación con una “constatación de personal técnico donde tenemos guardados registros de comentarios y entrevistas de quienes llegaron”.

Y de acuerdo a su argumento, la misma termina resumiendo: “Por lo expuesto se deja constancia que se ha dado cumplimiento a todos los ítems solicitados del convenio marco del expediente de referencia”.

Sobre el final del diálogo con la prensa, Almada se mostró ofuscado por la resolución de Bonadío. “A todas las argumentaciones que presentamos, evidentemente, no se le ha dado la importancia que considerábamos. Es una causa donde no sabemos cuál es el análisis pormenorizado o individual a cada situación. Vemos una resolución bastante general y se engloba a los Municipios en un mismo concepto”.

El comienzo de todo

La causa se inició a fines de 2016 en los Tribunales Federales de Comodoro Py a partir de una auditoría interna de la actual gestión de Cambiemos, por la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.

De acuerdo a la misma, se reveló que “no hubo un adecuado estudio de los municipios que necesitaban de la ayuda nacional” a través del programa GIRSU y que, contrariamente, se habrían cometido delitos en el manejo los fondos.

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