La intendente de Sastre quedó imputada por el corte de la Ruta 64

La intendente de Sastre quedó imputada por el corte de la Ruta 64

La causa se encuentra a cargo del fiscal Carlos Zoppegni. Aún no hay fecha para la audiencia. El artículo 194 del Código Penal establece una pena que va de 3 meses a 2 años de prisión, aunque es excarcelable.

Tras el agitado viernes por la tarde que se vivió en la ciudad de Sastre, donde luego de una denuncia por el corte de la Ruta Provincial N° 64 se secuestraron los portones de acceso a la ciudad quedando como material de investigación, la intendente de la localidad, María del Carmen Amero, quedó imputada por el hecho. En diálogo con bumerangnews.com, el fiscal Zoppegni – quien interviene en la causa -, indicó que el artículo 194 del Código Penal “establece una pena que va de entre 3 meses y 2 años de prisión por obstaculizar la libre circulación. Es excarcelable, aunque si vuelve a reincidir quedará detenida”, adelantó.

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Finalmente sucedió lo que se venía advirtiendo. Una denuncia contra la Municipalidad por obstruir el corredor vial desembarcó en el secuestro de los portones de ingreso colocados sobre Ruta Provincial 64. Dese el gobierno santafesino habían instado al Ejecutivo a levantar el corte, y a pesar que el viernes por la mañana se hizo de manera parcial habilitando un sólo carril, Zoppegni probó que días anteriores el cierre fue total para iniciar el procedimiento judicial.

“No hubo ninguna autorización del gobierno de la Provincia para realizar el corte. No se va a permitir que se haga eso”, sentenció el fiscal que agregó, también, que ahora Amero tendrá la posibilidad de hacer su descargo correspondiente en una audiencia. “Todavía no hay fecha para la misma. Pero ahí tiene el derecho a declarar y exponer sus razones”, explicó.

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Por último, Zoppegni no descartó que haya más implicados en la causa. El fiscal indicó que se encuentra en etapa de investigación para determinar si existió “connivencia de alguna otro funcionario”.

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Fue por el artículo 194 del Código Penal que la jefa del Ejecutivo quedó imputada. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, indica.

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