Con comisarías superpobladas de presos, las cuales ya no cumplen del todo el rol de primer contacto del vecino con las fuerzas del orden público, y que miran la velocidad extraordinaria con la cual avanzan por delante de ellas las tecnologías aplicadas a la lucha contra la inseguridad, hay un debate público que empieza a instalarse: ¿Debe refuncionalizarse el rol de las seccionales policiales?
Este es, cuanto menos, un elemento de análisis que baraja el ministerio de Seguridad provincial. El contexto, el titular de esta cartera, Pablo Cococcioni, había declarado públicamente y pocos días después de asumir en el cargo, que “hay comisarías que revientan de presos”, que “tienen muchas falencias” y que por eso “no son lugares para alojar personas”.
De ocurrir eso, los presos en las comisarías serían trasladados a alguna unidad penitenciaria. Pero además, a mayor cantidad de presos en comisarías, menos efectivos en las calles, o traducido: menos patrullaje policial, con un eventual incremento de hechos delictuosos: la ecuación aquí no cierra.
En diálogo con El Litoral, el ministro dejó varias definiciones sobre este punto. “Nunca anunciamos el cierre de las comisarías -aclaró-. Sí, y no lo ocultamos, intentamos ir hacia un modelo de despliegue policial en el cual la comisaría como entidad no tiene tal vez el protagonismo que tenía hace 50 años”.
En aquel entonces, una comisaría recibía denuncias, investigaba delitos, desplegaba el patrullaje y atendía cada caso de emergencia. “Pero hoy estas cuatro funciones son cumplidas por la Policía de Investigaciones (PDI), por el comando del 911 y por otras agencias específicas. En términos generales vamos hacia un modelo distinto centrado en controlar el despliegue operativo con los medios tecnológicos que existen hoy, y que no existían hace décadas, cuando se implementó el modelo de comisaría”, precisó.
“Esto no quiere decir que (las comisarías) se vayan a cerrar -insistió-, sino que paulatinamente van a ir pasando a tener una función distinta como anclaje de la presencia policial en el territorio. Quiero decir: en algún punto, una comisaría se convertirá en una base de la Policía Motorizada; otra se transformará en un Centro Territorial de Denuncias (en la ciudad hay cinco); otra en un Centro de Asistencia a las Víctimas, y otra sería una base de la PDI, por caso. Pero todas tendrían una función de seguridad y de asistencia al ciudadano”, subrayó.
Narcotráfico
-¿Qué diagnóstico puede hacer de la situación del narcotráfico en la ciudad de Santa Fe?, consultó El Litoral a Pablo Cococcioni.
-Hemos adoptado como gobierno provincial una política orientada a la persecución mediante la Fiscalía Provincial de lo que es el microtráfico -narcomenudeo-, y se ha dividido tajantemente lo que es colaboración investigativa con las fuerzas federales, que se sigue haciendo a partir de PDI.
Tomamos la decisión de disolver la Dirección de Drogas Peligrosas, porque entendíamos que no estaba cumpliendo su función principal, ya que no estaba siendo requerida masivamente por la propia Justicia Federal como un elemento auxiliar de investigación.
En cuanto a la política de microtráfico, atendemos a la distinción entre la competencia investigativa federal, que atiende a los eslabones superiores de la cadena de comercialización de la droga, porque es esencialmente un delito transnacional y transprovincial.
En lo que es competencia directa nuestra, actuamos desde una mirada estrictamente securitaria y territorial, que atiende a la desactivación coercitiva de los puntos de venta y, en particular, de aquellos que revisten algunos caracteres agravatorios.
Un ejemplo de esto último es el punto de venta que genera un mercado abierto de droga, que involucra menores y en el que aparecen otras formas de delito, y donde se utilizan o portan armas de fuego.
Entonces, nuestra política de microtráfico fundamentalmente va orientada a evitar que la denuncia de un punto de venta desemboque en una investigación de 10 ó 15 años sobre los eslabones superiores. Distinguimos claramente una cosa de la otra.
Nos abocamos a la pacificación del territorio desactivando o demoliendo un búnker o una instalación montada para la venta de estupefacientes, e incluso desalojando una propiedad en el caso en que a alguien se la hubieran usurpado para montar un punto de venta de drogas, con la detención de los responsables.
Fuente: El Litoral