El eje de los debates en la Legislatura de Santa Fe estará puesto esta semana —nuevamente— en las reformas de seguridad que impulsa el Gobierno provincial y que todavía no consiguieron aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Las diferencias, que hasta hace poco se procesaban puertas adentro, quedaron expuestas en las últimas semanas y hoy condicionan el avance de la propuesta.
La Cámara baja abrió la discusión, convocó y escuchó a instituciones como la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios Públicos y los colegios de abogados. En general, las iniciativas recibieron cuestionamientos por eventuales vulneraciones de garantías constitucionales. Sin embargo, la insistencia del Ejecutivo en sostener la redacción original generó resquemores, particularmente con el Partido Socialista, el principal aliado de la Unión Cívica Radical dentro de la coalición oficialista.
En particular, la ley ómnibus de seguridad pública propone modificaciones en distintas normas vinculadas con la investigación penal, las facultades policiales y fiscales y el régimen penitenciario.
Meses de debate y una sesión compleja que casi fuerza un desenlace abrupto en Santa Fe
Bajo el título de “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, el 15 de mayo de este año el Gobierno de Santa Fe ingresó en la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que propone reformas al Código Procesal Penal, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, la Ley de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, la Ley del Programa Provincial de Protección de Testigos y Fondo de Recompensas, la Ley Orgánica de la Policía y el Código de Faltas provincial.
En los argumentos de la iniciativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el Ejecutivo planteó como objetivo fortalecer “la capacidad del sistema de persecución penal” frente a lo que definió como “fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta”. Además, sostuvo que el sistema actual evidencia “limitaciones estructurales” que afectan la prevención del delito, la protección de las víctimas y la eficacia de las investigaciones.
Con el paquete sobre la mesa, y después de casi cinco meses, la Cámara baja convocó a reuniones conjuntas de comisiones para escuchar a distintas instituciones que forman parte del sistema de Justicia. Salvo el Ministerio Público de la Acusación, las exposiciones coincidieron en advertir que varias de las modificaciones propuestas podían entrar en conflicto con garantías constitucionales.
Las críticas más severas llegaron desde la Corte Suprema de Justicia, que acudió en pleno a la Legislatura, con sus siete integrantes. Los ministros cuestionaron la delegación de facultades a la Policía y a los fiscales, la toma de declaraciones sin intervención obligatoria de un defensor y la creación de zonas de intervención policial especial. Sobre este último mecanismo, trazaron una comparación con un Estado de sitio por las restricciones y facultades excepcionales que podría implicar.
Después de las rondas de consultas, el oficialismo comunicó que introduciría cambios al texto. Sin embargo, las objeciones no representaban una novedad: desde distintos sectores de la coalición señalaban que esos puntos ya se discutían puertas adentro. Con nuevas reuniones en el horizonte, llegó la sesión del jueves pasado, en la que finalmente se resolvió postergar una semana el tratamiento del paquete.
En paralelo, el Gobierno mantuvo su postura pública de avanzar con la iniciativa. El propio Pullaro defendió su constitucionalidad y cuestionó a quienes se oponen a la reforma. “Que estudien la Constitución”, respondió ante las críticas y aseguró: “No voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional”. También apuntó contra los abogados penalistas, a quienes acusó de buscar “defender a los delincuentes que hace tres años mandaban a matar, a extorsionar y les pagaban sus honorarios”. En esa línea, volvió a cuestionar el “garantismo bobo” y la “Justicia ingenua”, y sostuvo que durante mucho tiempo se “romantizó el delito en Santa Fe y en la República Argentina”.
El gobernador también se refirió a los cuestionamientos de la Corte Suprema y relativizó su alcance. Según explicó, las diferencias del máximo tribunal se concentran en algunos puntos y no representan un rechazo general a la reforma. “Se está planteando medir algunas garantías y lo vamos a hacer”, afirmó sobre la posibilidad de revisar esos aspectos.
Un tema sensible que profundizó las diferencias internas de Unidos para Cambiar Santa Fe
La discusión profundizó las diferencias internas en Unidos para Cambiar Santa Fe. Durante buena parte de la gestión, las tensiones se resolvieron puertas adentro, pero en los últimos meses comenzaron a tomar estado público a través de declaraciones y cruces entre distintos referentes de la coalición. Había sucedido el año pasado, durante la elección de autoridades de la Convención Reformadora, y también este año, en los debates por las leyes que castigan la actividad de los cuidacoches y regulan el proceso contencioso administrativo.
Fuente: Aire de Santa Fe
