Este jueves la Cámara de Diputados dará inicio al período extraordinario 2023 de sesiones. Son 24 los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo que aguardan ser tratados en la Legislatura. Sin dudas que ante el contexto actual el que más relevancia toma es el tratamiento de la Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario, presentado el 16 de enero y que tuvo como último antecedente la reunión en la Cámara baja entre el exministro de Seguridad, Rubén Rimoldi y los legisladores.
En aquel entonces los diputados de la oposición se mostraron disconformes con la rendición de gastos de la Emergencia 2022, y condicionaron la aprobación de la nueva ley al trabajo conjunto con el Ejecutivo y la realización modificaciones para «mejorar» la misma. Este jueves, a las 10, están convocadas las comisiones de Seguridad de ambas cámaras para trabajar en la nueva Emergencia. Además quien preside la comisión en Diputados, Juan Cruz Cándido, presentó el proyecto para que el Gobernador convoque a la Junta Provincial de Seguridad.
Otro de los proyectos sobre el cual se posa la mirada es el de la creación de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres Agropecuarios. El Senado otorgó media sanción el 29 de diciembre, pero generó el descontento de las entidades rurales, ya que no fueron convocadas para poder dar su mirada del mismo.
Por esto, la semana pasada, tres comisiones de diputados se reunieron con los representantes del campo para tratar de mejorar la ley. Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería, acordar trabajar en dos puntos esenciales para la funcionabilidad del sistema, la ampliación de fondos y la posibilidad de una reducción en las primas de seguros. De igual manera se tratará de dar celeridad a la aprobación del sistema, dada la grave situación de sequía que atraviesa el campo.
La tercera no fue la vencida
En tres ocasiones el proyecto de Voto Joven contó con preferencia para ser tratado en el recinto y así poder obtener la media sanción. La última ocasión fue el 29 de diciembre cuando nuevamente no fue tratado. En el 2012 se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley 26.774, que permite votar a jóvenes de 16 a 18 años a votar para los cargos nacionales, pero no así para los provinciales ya que Santa Fe aún no adhirió a la ley. El motivo son los contrapuntos entre los distintos senadores que aún no logran una mirada común, algunos buscan su aprobación fundamentando la ampliación de derechos, mientras que otros marcan que habría contradicciones constitucionales en la ley.
Otra ley con corte electoral es la modificación del artículo 20 de la Ley Nº 2.439 “Orgánica de Comunas”, que busca extender el mandato de los miembros de las Comisiones Comunales a cuatro años. No obstante, no parece estar dentro de las prioridades, ya que desde marzo del año pasado el proyecto duerme en comisiones.
Modificaciones a los Códigos
En comisiones desde mediados del año pasado, las modificaciones del Código Procesal Penal Juvenil y el Código Procesal Civil y Comercial, esperan en las comisiones de Asuntos Constitucionales del Senado. Por el contexto, el Código Procesal Penal Juvenil toma relevancia en la agenda política, pero los antecedes del mismo no son alentadores. Desde hace tres años, los proyectos referidos al mencionado código fueron perdiendo estado parlamentario, y por más que se realizaron innumerables reuniones con diversos actores intervinientes en la temática (Defensa Pública Penal, Fiscales, etc), el proyecto no llegó a su aprobación definitiva y actualmente, desde el 20 de mayo del 2022 espera en comisiones.
Candidatos «limpios»
Otro de los proyectos que será tratado y que tendrá incidencia en las próxima elecciones de este año, es el denominado «Ficha Limpia», que modifica las Leyes Nº 12.367 y Nº 6.808, agregando requisitos que deben cumplir los precandidatos que integren listas electorales. En resumen aquellos candidatos quedarán inhabilitados para la elección cuando tengan «una condena confirmatoria, en doble instancia, así sea que quede expedita la instancia de apelación a la Corte Suprema de Justicia Provincial, es decir, se procura la inexistencia de antecedentes penales”.
El proyecto fue aprobado, pero la Cámara de Diputados deberá aprobar el veto parcial a la ley (que cuenta con media sanción del Senado), referente a la modificación de los tiempos de presentación de certificados, con el fin de «evitar dificultades operativas».
Fuente: Aire de Santa Fe
