El Concejo de Sastre finalmetne aprobó la polémica ordenanza de fitosanitarios. La normativa modifica la que estaba vigente desde el año 2005 y extiende los límites para fumigar de 100 a 200 metros. Además impone severas sanciones económicas para todos aquellos que incumplan con la ley. Vecinos Autoconvocados, quienes peleaban contra las fumigaciones en cercanías del ejido urbano, se mostraron indignados con la resolución del cuerpo legislativo. “Creemos que estuvimos a la altura de las circunstancias, de sobreponernos a las presiones y continuar trabajando. Teníamos mucha confianza con el espíritu de esta normativa, pero quedamos defraudados”, sostuvo Luis Blanco, periodista y cabeza visible del grupo que lucha contra las aspersiones con agrotóxicos.
El capítulo final de la novela ya estaba anunciado. En la previa de la sesión, se conocía el grueso de la ordenanza. Y los 800 metros que pedías los Autoconvocados para establecer un límite fueron demasiados escasos para sus deseos. Desde el grupo de vecinos se mostraron “desilusionados” por considerar que la ordenanza se basó en duplicar los 100 metro existentes y, mediante esa herramienta, se forzó la aprobación de una “ley de avanzada” por haber extendido los límites. “Si dimensionamos lo que significa la defensa de la salud de la población, nos damos cuenta que es escasa a la hora de prevenir la deriva o el contacto con la actividad agrícola industrial”.
Por esa razón los vecinos observan un “contraste” entre lo que se sancionó, la actividad previa y la propuesta de crecimiento con un espíritu de estrechar lazos para crecer como comunidad impulsado desde el principio. “Siempre manifestamos la posibilidad de trabajar juntos, de hacer asambleas públicas, que en definitiva son las herramientas más maduras que tiene la democracia. Sin embargo no tuvo mucho eco en el cuerpo de la ordenanza ordenada”, se quejaron.
Descontento con autoridades
En la previa y durante algunos meses realizaron conversatorios, donde se organizaron charlas, entre otros, con el médico científico Medardo Ávila, quien estudió el impacto de agroquímicos en la salud humana y los resultados fueron puestos a consideración de la poblacion cientifica internacional y publicado, posteriormente, en revistas de la ciencia. “Estuvo exponiendo en Sastre para que todos entendamos de lo que hablamos. No cobró un centavo para llegar hasta la ciudad, pero lamentablemente a esos encuentros fueron dos personas. A nosotros nos costó mucho organizar ese evento. Hubo un aporte del Concejo para hacerle frente a los viáticos, no de la Municipalidad. Pero en general las autoridades debieron preocuparse un poco más porque estamos hablando del cuidado de la salud humana”, sostuvo Blanco.
Desde el grupo de Autoconvocados recordaron que la intendente local, María del Carmen Amero, nunca asistió a las reuniones y calificaron como una falla “seria” por el poco interés demostrado por todas las autoridades políticas locales. “Esto nos tiene que servir para reflexionar. Creemos que debemos lograr lazos más nutridos con las autoridades para generar herramientas que sirvan para cuidar la salud humana”, insistieron.
El primer levantamiento de Autoconvocados había sido en el mes de marzo. Desde aquel momento, mucha agua corrió debajo del puente. Charlas debates, reuniones con profesionales, exposiciones en el Concejo, cruces con el poder político y hasta denuncias en la Fiscalía de San Jorge. Sin embargo, la ordenanza aprobada por unanimidad encuentra en sus bases un espíritu que lejos estuvo de convencer a quienes encabezaron los reclamos. “Cuando se aplica una multa es porque el daño ya se realizó. Nosotros buscamos que ese daño no exista. Si bien es correcto que se arme un protocolo para denunciar porque la comunidad debe conocerlo, todos son pasos posterior a la ocurrencia de un daño”, indicaron.
El periodista y cara visible del grupo sostuvo que pretendían generar una herramienta que regule el uso de agroquímicos en la ciudad. Blanco no dejó pasar por alto un dato que, en un comienzo, el cuerpo legislativo prometió tener en cuenta antes de sentar postura. Nunca se esperaron los resultados del Campamento Sanitario que realizó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en marzo de 2017 y, esa información, era una de las más esperadas por los vecinos. “Por qué una comunidad que hace dos años pensó y trabajó para que eso sea posible, que el Municipio lo considera necesario y aporta para que sea un hecho, al final de cuenta desde el recinto se termina apurando el trámite para aprobar una ordenanza sin tener en cuenta los resultados. Que se haya sancionado una ordenanza días antes de conocer los resultados de la salud de todos los sastrenses, en la historia va a quedar como ridículo”.
De acuerdo a lo que explicaron, a lo largo de los diferentes encuentros los vecinos intentaron analizar y encontrar las razones por la cual desde la Municipalidad no se toma el toro por las astas para hacerle frente a la situación. Y sobretodo porque antes de llegar al Ejecutivo, las campañas electorales hicieron fuerte hincapié en proyectos medioambientales. “No damos con los elementos de consideración que ellos utilizan para estar frenados. Sabemos del lobbie del sector productor porque temen, quizás, que uno amenace la forma de producir y genere tensión con el ánimo de generar otros intereses. Por eso no me canso de decir que nuestro objetivo es cuidar la salud de la población, la de nuestros hijos e incluso la de los productores”, sentenció Blanco.
La Ordenanza
La ordenanza establece dentro del distrito Sastre una zona libre de productos fitosanitarios de uso extensivo, delimitada por una serie de puntos de intersección. Los límite para aplicar cualquier tipo de productos agrotóxicos rigen a partir de los 200 metros del ejido urbano, duplicando las distancias de la normativa que regía desde el 2005. “Nos parece engorroso la forma de delimitar el límite del ejido urbano. Vemos que hay muchas variantes de acuerdo a los puntos de alcance cuando en realidad debería ser algo más práctico para aplicar porque de esa forma cuando se pasa de la teoría a la práctica se hace insostenible. Es confuso para el vecino y para el productor”.
Por otro lado, y entre los puntos más destacados, se destaca la obligatoriedad de inscripción de todos los comercios dedicados al expendio de productos fitosanitarios en los registros habilitados por el Ministerio de la Producción de Provincia de Santa Fe. Por habilitación, los mismos deberán abonar un canon de entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF) – cada Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta súper – dependiendo de los ingresos brutos declarados.
Además, el artículo 3 prohíbe “el ingreso, circulación, almacenamiento y/o depósito de todo tipo de productos fitosanitarios en el radio urbano del Distrito Sastre y Ortiz, cualquiera sea su destino. El incumplimiento a esta normativa será sancionado con multas cuyo monto mínimo asciende a 500 UF”.
Asimismo, quienes realicen trabajos de pulverización aérea o terrestre con productos fitosanitarios deberán, entre otras cosas, contar con una receta de aplicación autorizada por un ingeniero agrónomo. La violación de este artículo establece una sanción, mínima, de 5.000 UF.
El artículo 12 de la normativa sostiene que al momento de realizarse aplicaciones con productos agrotóxicos dentro de un radio de tres mil metros de la planta urbana, se deberá notificar a la Municipalidad día y hora de realización de los trabajos, acompañando la receta de venta y aplicación respectiva. Al momento de procederse al trabajo deberá encontrarse en el lugar para supervisar el mismo, personal designado por la Municipalidad. Si por cualquier causa y/o motivo no se encontrase éste el productor y/o empresa ejecutora de la tarea deberá esperar por un plazo de 30 minutos, y vencido el mismo podrá proceder a la aplicación, señala el escrito. “No vemos el sentido de esto. Nos preguntamos a partir de qué momento comienzan a correr ese tiempo, cómo se controla cuando alguien está fumigando en algún lugar que no corresponde”, sostuvo indignado Blanco.
Procedimiento de denuncias
La flamante normativa diagrama, además, un Protocolo de Denuncias, algo que Autoconvocados solicitaban para conocer la dependencia a la cual recurrir si se detectan casos de incumplimiento de la ley. De acuerdo a lo aprobado por el Concejo, los testigos de una presunta infracción deberán asentar el suceso ante la Policía y exigir la presencia del oficial sumariante a los fines de constatar el hecho y labrar un acta. “Si hay afectación de la salud, requerir inmediatamente el auxilio del SAMCo, donde procederán profesionalmente según el cuadro presentado”, señala la ordenanza y detalla que las denuncias también deben presentarse ante las autoridades municipales.
Un espacio sin ambiciones políticas
Sobre principios de este año, cuando se generó la mayor polémica y la tensión se adueñaba del ambiente local, los cruces entre Autoconvocados, productores y el Municipio fueron noticia. En aquel momento, la intendente local había apuntado contra el grupo de vecinos haciendo manifiesto que se trataba de una “jugada política en su contra”. Con el correr del tiempo, los rumores de una hipotética formación partidaria comenzó a circular por diferentes sectores de la ciudad. Sin emabrgo, Blanco se encargó de descartar y desmentir rotundamente la versión. “Nosotros tratamos de evidenciar que somos victimas de un sistema que nos perjudica. La participación política la hemos hablado en el seno de las reuniones y siempre dejamos en claro que no existe ningún interés. Tenemos en claro que desde el seno de esta agrupación no vamos a generar una participación política partidaria”, indicaron.
