El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcini, fue invitado a exponer este miércoles ante la Comisión de Asuntos Penales sobre un proyecto ingresado por integrantes de la bancada de Provincias Unidas, pero que tiene el sello de esta cartera, y que apunta a ampliar la competencia de las provincias en materia de estupefacientes.
«La aprobación del proyecto permitirá optimizar la utilización de los recursos del sistema de justicia, reducir la sobrecarga de la justicia federal, fortalecer las capacidades investigativas provinciales y mejorar la respuesta estatal frente a fenómenos delictivos que afectan directamente a la seguridad ciudadana», explicó el ministro a El Litoral.
«En definitiva, la iniciativa propicia un modelo equilibrado que profundiza el esquema vigente, fortalece la intervención local en los supuestos en que resulta más eficaz, preserva el rol de la justicia federal en los casos de mayor complejidad y consolida un enfoque moderno, coordinado y territorialmente inteligente de la política criminal», añadió.
El proyecto fue ingresado por Gisela Scaglia y la comisión que lo tiene bajo análisis la preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado (LLA). Scaglia y Pablo Farías integran esa comisión por Provincias Unidas mientras que por LLA están los también santafesinos Alejandro Bongiovanni y Juan Pablo Montenegro.
El proyecto en sí apunta a modificar dos leyes nacionales: 23.737 y la 26.052.
«La ley nacional dice que en materia de microtráfico, las provincias pueden tomarlo cuando la droga se vende fraccionada directamente para el consumo. Es muy lindo decirlo, pero en la práctica no se sabe si una bolsita es microtráfico y si un cascotito ya es federal. En la práctica realmente se corre riesgo de interpretaciones muy restrictivas», explicó Cococcioni.
Enseguida destacó que el gobierno provincial esto no es un chiste. «Detrás de la política de microtráfico está la posibilidad de perseguir bandas que dinamizan muchísima violencia en el territorio, en las principales ciudades de la provincia», afirmó.
Para Cococcioni, es estratégico poder tomar en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación la venta minorista o territorial o barrial de droga. «No estamos hablando de narcotráfico a gran escala internacional. Estamos hablando de venta en el territorio ligada a bandas criminales que después se disputan, a veces a los tiros, una esquina para vender, un búnker, una familia contra otra. Para nosotros es una herramienta fundamental. No podemos correr riesgos de que la investigación se desarme al llevarse una parte al fuero federal».
El ministro santafesino entiende que el fuero federal está para la lucha nacional contra el narcotráfico y no por un envoltorio de cocaína. «Tiene que ver con cuestiones de criminalidad organizada, de tráfico por la frontera terrestre, vías aéreas, vías navegables, es decir, lo ligado a organizaciones de la ley antimafia.
El objetivo de la presentación del proyecto por parte de Scaglia es evitar un limbo de casos intermedios de tráfico de drogas. «El proyecto se inscribe en una lógica de profundización y perfeccionamiento del régimen vigente de desfederalización, promoviendo un modelo más flexible y dinámico de distribución de competencias, que permita adecuar la intervención jurisdiccional a las particularidades de cada territorio y a las capacidades operativas de cada jurisdicción, en el marco de una estrategia integral de política criminal», le dijo a El Litoral.
La iniciativa amplía los supuestos de intervención de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con determinados delitos previstos en la Ley 23.737, especialmente aquellos vinculados a modalidades de comercialización minorista, incorporando criterios más precisos para su delimitación y favoreciendo una asignación más eficiente de los casos. Asimismo, introducen reglas claras en materia de conexidad y resolución de conflictos de competencia, priorizando la continuidad de la investigación, evitando dilaciones innecesarias y promoviendo una mejor articulación entre los distintos niveles del sistema de justicia.
Cococcioni entiende que cada provincia tiene realidades diferentes y por eso el proyecto plantea la decisión de cada estado de adherir o no.
La adhesión a la desfederalización del delito de drogas fue adoptada por la provincia de Santa Fe a fines de 2023 mediante un mensaje del Poder Ejecutivo. Fue una de las primeras leyes aprobadas durante la gestión Pullaro. El tema no había tenido consenso en las anteriores administraciones provinciales.
Fuente: El Litoral
