El gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura de Santa Fe un proyecto de ley para intervenir sobre el mercado de celulares robados y otros dispositivos tecnológicos de origen ilícito. La iniciativa propone crear un sistema de registro y trazabilidad de los equipos, reforzar los controles sobre comercios y talleres y establecer sanciones que pueden incluir multas, decomisos y clausuras.
El proyecto crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. El objetivo es intervenir sobre la cadena de comercialización de estos productos, desde la compra y venta hasta la reparación, el acopio, el reciclado y la intermediación.
Uno de los principales instrumentos será el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Allí deberán inscribirse quienes compren, vendan, permuten o acopien celulares usados, además de quienes comercialicen partes y repuestos.
La propuesta establece además que cada operación deberá contar con información que permita reconstruir la trazabilidad del equipo. Entre los datos que deberán registrarse figuran el IMEI, la marca, el modelo, el número de serie y el estado funcional del dispositivo, junto con los datos del vendedor, la modalidad de la operación, el precio y el comprobante correspondiente.
Los comercios y talleres deberán conservar documentación que permita acreditar la titularidad o tenencia legítima de los teléfonos, partes y repuestos que tengan en sus establecimientos.
Qué pasa si no se puede acreditar el origen de un celular
El proyecto establece que la falta de documentación suficiente para demostrar la procedencia legítima de un dispositivo será considerada un “indicador objetivo de riesgo”. Ante esa situación, la autoridad de aplicación podrá disponer medidas preventivas como la inmovilización de los bienes, su identificación y resguardo.
Cuando la gravedad de los hechos lo justifique, también podrá ordenarse la clausura preventiva del establecimiento. Si durante una inspección aparecen circunstancias que podrían configurar un delito, deberá intervenir el Ministerio Público de la Acusación.
El régimen de sanciones previsto contempla apercibimientos, multas de entre uno y 1.000 Jus, decomiso de la mercadería y clausura o suspensión de la autorización para funcionar por un período de hasta 30 días.
La Policía podrá verificar el identificador del celular
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación del Código Procesal Penal para ampliar las herramientas policiales destinadas a detectar teléfonos denunciados como robados, hurtados o extraviados.
Según el proyecto, los agentes podrán requerir a cualquier ciudadano la exhibición del identificador electrónico del dispositivo que tenga en su poder y consultar su situación registral mediante los sistemas habilitados.
Si la persona se negara a exhibir el aparato o su identificador, o si la consulta arrojara una coincidencia con un dispositivo denunciado o requerido, el personal policial podrá realizar una requisa personal y secuestrar el teléfono, con comunicación inmediata al MPA.
Qué establece sobre las claves y el desbloqueo
La propuesta también modifica el Código de Faltas. De acuerdo con el texto enviado a la Legislatura, quien se niegue injustificadamente a colaborar con una medida legal de identificación o verificación de un teléfono mediante claves, contraseñas, patrones de desbloqueo, datos biométricos u otros mecanismos equivalentes, cuando exista un deber legal de hacerlo y la conducta no constituya delito, podría recibir hasta 20 días de arresto o una multa de hasta 10 Jus.
Por otro lado, el proyecto contempla que una persona que haya adquirido un dispositivo sin conocer razonablemente su origen ilícito pueda colaborar con las autoridades para facilitar su recuperación.
Fuente: Sin Mordaza
