El Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.092 por el cual fijó en el 30% el máximo incremento anual para la renovación de los contratos que realice la Administración Centralizada o Descentralizada. Hasta el momento regía un decreto del año 2022 que permitía renovaciones con subas anuales de hasta el 45%.
El mismo decreto establece que sólo se podrá presupuestar el gasto y/o adjudicar por un monto que implique un porcentaje de incremento mayor al 30% cuando el pedido esté acompañado de un informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad. En estos casos la gestión deberá instrumentarse por un decreto específico del Poder Ejecutivo.
La decisión firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, actualiza la reglamentación de un artículo -el 116- de la Ley N° 12.150, la de Administración, Eficiencia y Control del Estado.
El régimen de contrataciones de bienes y servicios en la provincia se encuentra regulado en el Título III, Capítulo I de la mencionada norma clave para la administración del Estado santafesino. Sucesivos decretos fueron modificando montos o porcentajes para la contratación directa e incluso estableciendo el esquema de autoridades competentes para suscribir los actos de aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares y de adjudicación de las contrataciones.
Se recuerda en los considerandos que el esquema de delegaciones fue implementado para agilizar los procedimientos de selección y con ello garantizar una mayor capacidad operativa en la compra de los bienes y contratación de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del Estado Provincial.
Hasta hoy regía el Decreto N° 1555/22 que prevee que las renovaciones contractuales no pueden tener incrementos anuales superiores al 45% respecto del último valor contractual establecido, permitiéndose excepcionalmente presupuestar el gasto y/o adjudicar por un monto que represente un porcentaje superior cuando exista informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad y la gestión se resuelva por decreto.
Más adelante, en los considerandos, el Ejecutivo entiende que «en virtud del contexto económico actual del país resulta oportuno modificar el porcentaje que se utiliza como parámetro por las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial en las gestiones de renovación contractual».
Añade que «el límite porcentual establecido requiere de observación periódica para evitar que se produzca una desactualización del mismo en relación con la situación económica del país, la cual repercute en las etapas de estimación del gasto, adjudicación, ejecución y renovación de las contrataciones públicas».
Hace notar que «un porcentaje que no mantenga un adecuado correlato con el proceso inflacionario anual y demás variables económicas podría ocasionar un incremento en el volumen de las gestiones de renovación a aprobarse por el Poder Ejecutivo, desnaturalizando el esquema de delegaciones previsto para agilizar los procesos de contrataciones o por el contrario impediría alcanzar el abordaje integral que, medidas como la presente, buscan implementar».
Por último y dada la especificidad de la materia «corresponde que los Ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Economía, en forma conjunta, dispongan la actualización del porcentaje establecido por el presente acto en caso de así considerarlo necesario».
Federales
El gobierno provincial destino la suma de $89.137.580,49 como reconocimiento y pago de los servicios de alojamiento y racionamiento de personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y segundo despliegue de Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del Comité de Crisis de Rosario por la emergencia en seguridad.
El período reconocido con esa partida es el comprendido entre el 5 de enero y el 1 de febrero de este año.
Son cuatro las firmas que facturaron servicios por alojamiento y racionamiento de fuerzas federales y en el decreto se desglosa el nombre de los integrantes de PSA y Policía Federal que participaron del operativo.
Quinta de Funes
El gobierno provincial adjudicó a la firma Deprop SRL la obra para la construcción Espacio de Memoria «Quinta de Funes» en la ciudad homónima del dpto Rosario y con un presupuesto de $426.853.978,72.
Los apertura de sobres con las ofertas para la obra largamente demandada por organismos de Derechos Humanos fue el 25 de marzo en el sitio que ofició de centro clandestino de detención durante la última dictadura.
Ocho fueron las firmas que presentaron propuestas; siete de ellas fueron estimadas y de allí seleccionada la presentada por la rosarina Deprop por entender que era la más conveniente en términos económicos y pasaba todos los requerimientos técnicos.
El valor de la contratación es a febrero de este año y en los considerandos se señala que la oferta ganadora representa un 9,20% por debajo del presupuesto oficial.
Fuente: El Litoral
