La Cámara de Diputados votó, por segunda vez, la incorporación de un inciso a la ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (N° 11.717) prohibiendo «el ingreso a la provincia, así como el transporte, circulación y almacenamiento permanente o transitorio, de residuos peligrosos o susceptibles de serlo conforme la normativa vigente, generados en otra jurisdicción y cuyo tratamiento o disposición final fuere la incineración o el enterramiento dentro de los límites provinciales».
Ese mismo texto fue votado en noviembre del 2020 y al no tener apoyo del Senado perdió estado parlamentario sobre fines del año pasado. La autora, Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista), insistió con la presentación y logró otra vez la media sanción en forma unánime de ese ítem a sumar al artículo 23 de esa norma.
Bruera aclaró que la ley Ley Nacional 24051, «considera peligroso todo residuo que pueda causar daños a seres vivos, directa o indirectamente, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera y/o el ambiente en general. Esto se debe a su peligrosidad intrínseca pudiendo ser tóxicos, corrosivos, reactivos, inflamables, explosivos, infecciosos y/o ecotóxicos. La contaminación producida por los residuos peligrosos puede ocurrir en cualquiera de las fases de gestión de los mismos: generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final; representando altos riesgos para la salud y el ambiente sumados a riesgos de incendio y explosión».
La autora toma datos del Registro de Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Fe y de la Coordinación de Residuos Peligrosos de la Nación para informar que en nuestra provincia existen 17 empresas que procesaron 72. 783 toneladas durante el año 2019, dato que no incluye residuos patológicos ni aquellos que fueron tratados en la misma empresa que los generó. Acotó que esa cifra representa el 55% de todos los residuos peligrosos transportados en el país; Córdoba se encuentra segunda en este ranking con sólo el 23%, seguida de Entre Ríos con el 14%, Buenos Aires con el 7% y el resto con porcentajes menores a 1% .
Añade que del total procesado en Santa Fe durante el 2019, sólo el 36% fue generado dentro de los límites provinciales mientras que 64% proviene de otras jurisdicciones: 28% de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 21% de Provincia de Buenos Aires; 7% de Entre Ríos y el 8% restante de otras provincias (Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Misiones, La Pampa, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Corrientes, Chaco, Catamarca, Río Negro, Salta, Formosa, San Juan, Santiago del Estero, San Luís y Neuquén).
«Santa Fe es una de las pocas provincias que no posee ningún tipo de restricción al ingreso de residuos peligrosos, mientras que nueve jurisdicciones tienen restricciones totales y diez lo restringen parcialmente. Tan sólo cinco provincias no tienen ningún tipo de limitación, siendo Santa Fe una de ellas junto con Chaco, Corrientes, Córdoba y Mendoza», advirtió la legisladora oficialista.
En cuanto a los residuos peligrosos generados en el territorio santafesino, el 85% es tratado dentro de la provincia mientras que un 14% se transporta a Córdoba y el 1 % restante se distribuye entre Entre Ríos, Salta y Buenos Aires. Más datos aportados por Bruera. «Treinta y una corrientes de residuos peligrosos resaltan por sobre las demás. En estos casos, todas las toneladas transportadas ingresaron a Santa Fe desde otras jurisdicciones y estas cantidades coinciden con el total incinerado a nivel país, lo que nos permite inferir que la totalidad de estos residuos ingresaron a nuestra provincia para ser incinerados. Estas corrientes incluyen residuos peligrosos alquitranados, compuestos de cromo hexavalente, barros con zinc, cobre, plomo, solventes orgánicos halogenados, cianuros orgánicos, fenoles, éteres, entre otros». Los orígenes de estos residuos fueron Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Entre Ríos, Santa Cruz, Catamarca y Mendoza.
En los fundamentos, Bruera menciona evidencia científica que vincula a las emisiones de la incineración con graves efectos en la salud humana. «Lamentablemente las poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento de residuos peligrosos, principalmente las incineradoras, están expuestas a peligros que ni siquiera se han identificado. La exposición prolongada a un contaminante puede reducir en varios años la esperanza de vida de un ser humano», advierte.
El 60% de las empresas registradas como operadoras de residuos peligrosos se encuentran ubicadas en los departamentos Rosario y San Lorenzo (10 empresas). El resto se ubican en La Capital (3), Iriondo (1), General Obligado (1), Las Colonias (1) y Castellanos (1).
Fuente: El Litoral
