El Senado de Santa Fe dio este jueves media sanción al proyecto que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos, conocidos como narcotests, a funcionarios y personas que ocupen cargos públicos electivos o hayan sido designadas políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado.
La iniciativa fue presentada por el senador del departamento Vera, Osvaldo Sosa, y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados para definir si finalmente se convierte en ley.
El proyecto alcanza al gobernador y vicegobernador, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de miembros de organismos de control.
Según los fundamentos de la propuesta, los controles buscan constituir una herramienta de prevención del consumo de sustancias ilegales, pero también fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en los funcionarios públicos.
Controles obligatorios y periódicos
Los exámenes serán obligatorios y gratuitos y deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción de cada funcionario.
Además, el proyecto establece que deberán efectuarse al menos una vez por año, junto con controles aleatorios mediante sorteo. También podrán realizarse estudios cuando existan denuncias fundadas.
El procedimiento deberá respetar la confidencialidad y dignidad de las personas examinadas, garantizar el derecho a defensa y asegurar la correspondiente cadena de custodia de las muestras.
La iniciativa también contempla que otros agentes públicos provinciales que no estén incluidos entre los cargos obligados puedan acceder voluntariamente a los controles.
Qué ocurrirá ante un resultado positivo
El proyecto establece que un resultado positivo no tendrá automáticamente consecuencias punitivas. En esos casos se prevé un abordaje interdisciplinario, que incluirá asistencia, orientación y una evaluación sobre la aptitud de la persona para continuar ejerciendo sus funciones.
Las medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas que eventualmente se adopten tendrán, según la iniciativa, carácter no punitivo.
Una situación diferente se plantea ante la negativa injustificada a realizarse el examen. El proyecto la considera una falta grave y establece que podría derivar en una suspensión preventiva, la apertura de un sumario o incluso la remoción, de acuerdo con los mecanismos previstos por la legislación vigente.
La propuesta tomó impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera a un narcotest y convocara a otros integrantes de su gestión a realizar controles similares.
Con la media sanción obtenida este jueves, la iniciativa quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, que deberá definir si acompaña el proyecto para convertir los controles toxicológicos en un requisito obligatorio para quienes ocupen determinados cargos públicos en Santa Fe.
Fuente: Sin Mordaza
