El viejo cuerpo legislativo decidió, el pasado 30 de noviembre, terminar con el Consorcio Caminero y transferir todas sus funciones al Ejecutivo Municipal. El proyecto fue presentado por el bloque oficialista – Cagliero, Bruno y Figueroa – y estuvo acompañado favorablemente por Lucero. Los concejales de ese momento, Reccia y Galliano, le dieron la espalda a la iniciativa. Con la mayoría a su favor, la disolución fue aprobada. De acuerdo a la ordenanza, la causa de la decisión fue por “la crisis que atraviesa el Consorcio Caminero, producto de la baja recaudación y de las crecientes necesidades de la zona rural”. Preocupación de consorcistas por quedar sin obra social.
Para muchos pasó por alto. Pero el Consorcio Caminero ya dejó de existir como tal. Lo que funcionó durante años como una fusión Municipal y personas ligadas al agro con el objetivo de mejorar los caminos rurales, hoy quedó en manos del Ejecutivo. Mediante la ordenanza N° 1.086/17, el bloque del Frente Progresista aprobó hace semanas atrás la disolución del organismo.
Los considerandos de la normativa marcan que a pesar que en este año se trató de penalizar con mayor dureza a los consorcistas que incumplan con el pago, “los informes de las oficinas y funcionarios intervinientes en la temática, hacen notar que el mecanismo de consorcio no resulta ya el adecuado para la recaudación de tributos y desarrollo de caminos rurales en el distrito”, y continúa: “Por ello se considera necesario disolver el Consorcio Caminero Sastre Ortiz”.
De esta forma, se dispuso a acabar con el organismo y se le solicitó a la Secretaría de Hacienda Municipal un balance final con números actualizados. “Transfiéranse las funciones que tenía a su cargo el Consorcio, así como los bienes que se encuentren afectados a su uso exclusivo y los derechos sobre las cuentas y/o los créditos pendientes de cancelación y/o cobro, a la órbita del Departamento Ejecutivo Municipal de Sastre y Ortiz”, reza el artículo 3 de la ordenanza.
La oficialización queda reflejada en el proyecto del Presupuesto 2018 girado por el Ejecutivo al Concejo. En el mensaje actual, se remarca que los gastos de funcionamiento previstos para este 2017 por la intendencia eran de $430.000, pero para el año próximo ni siquiera figuran. Ex ediles que estuvieron en el recinto hasta el 10 de diciembre explicaron que a pesar de que los números daban en rojo, no se contabilizó una deuda de los consorcistas de casi $1,5 millones.
Reunión y preocupación
El martes por la mañana, la intendente de Sastre recibió a consorcistas en su despacho para llevar, de cierto modo, algo de tranquilidad ante la decisión tomada. Es que quienes tenían la cuota al día contaban con el beneficio de afiliarse – de manera opcional – a Instituto Autárquico Provincial de Obra Social – IAPOS –. Con la disolución, más de 10 familias quedaron sin obra social, una preocupación que comenzó a incrementarse al conocerse la disolución del organismo. Desde el Ejecutivo se comprometieron a buscar una alternativa para que nadie quede sin cobertura médica.
Un año embarrado
El Consorcio Caminero no atravesaba el mejor de los momentos. Desde principios de año, cuando las inundaciones complicaron la región, el clima se vio enrarecido en el organismo. Y todo se fue convulsionando llegada las elecciones primarias. Es que la intendente – presidente del Consorcio – quedó enfrentada con el vicepresidente de ese momento, Mario Broda, luego de que este último encabece una lista opositora al Frente Progresista. La renuncia del hombre que representaba a la Unión Vecinal arrastró a otros integrantes del Consorcio que dejó un vacío importante y prácticamente sin funcionamiento al ente.
