La Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia citó al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, para el 27 de julio próximo para que brinde el informe correspondiente a los primeros seis meses de la emergencia en Seguridad, tal como lo establece la ley. La citación llega en un momento donde el Ejecutivo y los diputados socialistas vienen cruzando acusaciones respecto a los 3.000 millones de pesos que envió Nación a fines de 2020.
Lo que generó el nuevo cruce fue un nuevo pedido de informe de la diputada Clara García sobre el destino de esa partida y su estado de ejecución. La respuesta llegó de parte del ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, quien contestó en Twitter.
En el recinto, García dijo que la extrañó que no fuera el ministro del área el que contestara y, también, se quejó porque la respuesta llegó vía redes sociales y no por los caminos formales. «Tenemos dos pedidos de informe sin respuesta», dijo García que le pidió a Corach que se informe antes de tuitear y aseguró que todos los requerimientos y los cuestionamientos al Ejecutivo están debidamente documentados.
Corach dijo el martes pasado que el socialismo estaba simplificando un problema complejo como el de la seguridad para sacar ventaja y les pidió a «quienes han sido sin duda responsables de la situación» que «sería bueno que hagan su trabajo en lugar de lucirse con declaraciones», ya que acusó a los diputados de dejar sin ley de emergencia en seguridad por un año a la provincia.
Sin embargo, sobre este punto García remarcó: «La votamos en marzo 2020, la prorrogamos junto a la ley de presupuesto apenas venció, le dimos la posibilidad al gobernador de prorrogarla por 90 días más, cosa que hizo, y estuvo vigente hasta septiembre de 2021. Jamás la volvieron a pedir».
Incluso contó que cuando Lagna fue el año pasado al recinto para dialogar con los diputados fue ella quien le preguntó al ministro por qué no habían solicitado una prórroga de la ley de emergencia en Seguridad en marzo de 2021. La diputada dijo que la respuesta de Lagna fue «porque no lo merituamos».
Por su parte, Lionella Cattalini, al momento de presentar el proyecto por el cual se cita a Lagna, dijo que el ministro de Seguridad «tiene que venir a los seis meses a dar cuenta de lo que pasó en la gestión, a traer la documentación pertinente y a decirnos a todos los legisladores y legisladoras qué se hizo con esta plata que la Legislatura le otorgó».
Asimismo recordó que el Artículo 24 de la ley de emergencia establece que una vez que se aprueba la rendición de cuentas el gobierno pueda tener el otro 50 por ciento de los fondos o que «si no hicieron nada y no acreditan la documentación se dé por caída la emergencia».
«Me parece extraño que el ministro Corach lo único que haga es atacar a la Legislatura cuando la herramienta, que se olvidaron de mandar y la oposición en un gesto de responsabilidad le brindó, está vigente.
Luego Cattalini enumeró una serie de críticas a la gestión, como que solo convocó a la Junta provincial de Seguridad en dos ocasiones; que el secretario del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez, quien fue a dialogar hace tres semanas con los diputados, admitió que de las 1.800 plazas penitenciarias que prometieron hace un año para solucionar la sobrepoblación del Servicio Penitenciario, no inauguraron ni una; que en el Servicio Penitenciario en dos años solo ingresaron 45 agentes y que los otros están en transcurso»
También señaló que hay presos en la cárcel de Piñero que reciben un cátering vip; que el pabellón donde está alojado Monchi Cantero, en Piñero, tiene instalado un teléfono fijo desde hace más de un año y que nada se sabe sobre qué va a pasar con la cárcel federal que se está construyendo, entre otras críticas.
La grieta que abre la problemática de la seguridad en la política santafesina parece ser cada vez mayor y, a pesar de que todos aseguran que es un tema que no debe politizarse, seguramente será uno de los ejes de la campaña electoral el año que viene.
Fuente: Uno Santa Fe
