En una nueva reunión del Comité de Crisis departamental realizado el jueves por la mañana, la senadora Cristina Berra le anunció las últimas novedades a la diputada provincial, Lorena Ulieldín, intendentes, presidentes comunales y concejales que se hicieron presentes en la sala Mariano Moreno del Complejo Cultural Municipal de San Jorge. La legisladora aclaró que ya elevó todas las solicitudes de flexibilización comercial pedidas por pueblos y ciudades de la región, aunque fue concreta: hasta el 26 de abril, momento en que finalice la extensión de la cuarentena anunciada por Nación, es difícil que haya alguna habilitación. «El gobernador nos dijo que quiere respetar los plazos previstos por el presidente», explicó.
No hay certeza alguna sobre la reactivación comercial a pesar de los pedidos de municipios, comunas, Centros Comerciales e industriales al gobierno santafesino. «Todo ya fue entregado en tiempo y forma a cada ministro. El gobernador lo tiene y se evaluará a nivel nacional. El gobernador nos dice que no quiere muertos, no quiere pensar en gente en centros de aislamiento. Y esto se consigue si nos cuidamos entre todos. La gente a veces no entiende que esto es día a día, que es un virus desconocido, que nos tomó por sorpresa a todos, que los médicos están a la expectativa de lo que dicen los científicos. Lo que está pasando es muy triste. Esto nos involucra a todos. Nos tocó algo inesperado y en eso seguramente cometemos errores», aclaró Berra inicialmente.
La legisladora, atendiendo las consultas puntuales de los funcionarios departamentales, deslizó que luego de la reunión que senadores mantuvieron con el gobernador Omar Perotti la ilusión para que se flexibilice la apertura de comercios es muy baja. «A veces los comerciantes piensan que un intendente o un legislador puede ampliar la apertura de los servicios que se están presentando. Es imposible. La segunda cuarentena dura hasta el 26 de abril. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se pusieron de acuerdo en que quieren respetar esos plazos», indicó.
En la mima línea. Berra explicó que a partir de ese momento comenzarán a evaluarse las solicitudes elevadas por cada pueblo o ciudad, sobre todo de los sectores informales. «Ahora se van a permitir trabajos de obra pública. Entonces comienzan a chocar intereses, por ejemplo en la construcción. Por qué un albañil contratado por el estado puede trabajar y el que lo hace por un privado no. Y eso es lo que se está evaluando. Posiblemente salga algún decreto más rápido de lo pensando para quienes hoy no pueden desarrollar sus tareas, pero no hay nada seguro».
Asimismo, la senadora departamental sostuvo que existen cuestiones «injustas» cuando se equiparan las habilitaciones laborales. Y lo ejemplificó: «los grandes hipermercados venden ropa, artículos de bazar, electrodomésticos. Y hoy pueden abrir. Y un comercio de venta de indumentaria no puede hacerlo. Por eso me parece que son injustos algunos casos. Pero eso se está evaluando todo. Quizás alguna alternativa que puede surgir es el comercio online o de delivery. Pero esto no creo que salga hasta antes del 26 de abril», concluyó.
