Luego de la reunión con el cuerpo legislativo local, vecinos de la localidad de Sastre emitieron un comunicado con algunas sugerencias para la redacción final del proyecto de ordenanza que pretende controlar las fumigaciones en Sastre. Aseguran que ampliar el límite a 200 metros es «insuficiente» y proponen que sea de 1.000 para aspersiones terrestres. Además, piden establecer con claridad un protocolo de denuncias que de respuestas de manera ágil y rápido.
«Los Vecinos Autoconvocados en Sastre para encontrar respuestas y soluciones oficiales a las problemáticas ambientales que sufre la ciudad, en este caso referidos al tema puntual de las aspersiones de agrotóxicos dentro del perímetro urbano y en zonas periurbanas cercanas a barrios, cursos de agua, escuelas rurales, caseríos y zonas recreativas, ya sea con maquinaria terrestre o aérea, queremos expresar nuestras conclusiones sobre la reunión mantenida con los miembros del Concejo local y el ingeniero agrónomo de la Municipalidad», comienza el parte.
De acuerdo al escrito, el grupo sostiene que «en primer lugar destacamos como aspecto “positivo” el haber sido recibidos por los miembros del Concejo a fin de poder expresar nuestra preocupación sobre el tema antes referido». Y continúa: «Sobresaltamos la buena predisposición de todos los ediles, del representante municipal y de los vecinos concurrentes para mantener un diálogo cordial y respetuoso entre las partes».
En tanto, aclaran que «En segundo lugar, en dicha reunión fuimos informados sobre la presentación que hará el bloque oficialista en la sesión de mañana jueves de un proyecto de ordenanza para establecer nuevas regulaciones al uso y aplicación de agroquímicos dentro y fuera del ejido urbano, entre otros ítems relacionados que aún desconocemos de manera concreta para poder analizarlos».
«Sin embargo y de acuerdo a lo adelantado por los ediles, entendimos que la norma vigente prohíbe el uso de agroquímicos dentro de los 100 metros que se extienden desde el límite de la zona urbana hacia la zona rural. Se dijo además que el nuevo anteproyecto pretende ampliar a 200 metros esa zona libre de agrotóxicos. Es por eso que ante esta propuesta que una vez presentada podremos analizar con detenimiento, queremos expresar lo siguiente: Que basados en las experiencias de otras poblaciones con una problemática similar o igual a la de Sastre afectadas por las fumigaciones, nos interesaría que los concejales que se dispondrán a tratar un tema tan delicado y que toca aspectos tan importantes como el derecho a la salud y a un ambiente sano, deberían al menos tener en cuenta los siguientes aspectos:
* Que la distancia mínima de 200 metros desde el fin del ejido urbano donde no se puedan realizar ningún tipo de asperciones nos parece insuficiente y que de hecho, no representará ningún beneficio ni resguardo significativo para la salud de la población expuesta en comparación a la situación actual. Fundamentamos esta apreciación en experiencias y jurisprudencia como la conocida como “Fallo San Jorge”, donde la zona de exclusión para el uso de agroquímicos se dispuso en 800 metros desde el límite urbano, en lo que comprende al barrio Urquiza de esa ciudad».
Por otro lado, los vecinos autoconvocados señalan que «tras un año de cumplirse con ese amparo, los estudios médicos detectaron una disminución considerable en afecciones respiratorias y cutáneas, entre otras, en la población de la ciudad (están a disposición de cualquier ciudadano las copias de dicho informe)».
«También podemos mencionar la experiencia de la localidad santafesina de Hersilia, donde se dipuso una zona de 800 metros libres de agroquímicos de cualquier clase y se establecieron a partir de allí las graduaciones en distancia para la aplicación de los agrotóxicos de acuerdo a su nivel de peligrosidad, prohibiéndose la aplicación de aquellos identificados como banda roja en todo el distrito. (están a disposición de cualquier ciudadano las copias de la ordenanza que regula al respecto en Hersilia)», consideran.
Asimismo, también ponen como ejemplo que «un caso emblemático a tener en cuenta es el del barrio Ituzaingó anexo, de la ciudad de Córdoba. La prohibición de las aplicaciones aéreas en la localidad vecina de María Juana o en la zona noreste de San Luis donde un fallo judicial prohíbió el uso de todo tipo de agroquímicos aplicando el “principio precautorio” vigente en la Ley General del Ambiente (cuando haya riesgo para la salud y/o el ambiente, es necesario tomar medidas preventivas)».
Es más, suman como casos testigos que «el resultado de los campamentos sanitarios realizados en localidades con realidades similares a la nuestra (María Juana, María Susana, Monte Maíz, Casilda) y donde quedó debidamente documentada la relación del incremento de enfermedades como cáncer, hipotiroidismo o asma y el aumento de malformaciones congénitas en niños – por nombrar algunas- y la exposición crónica a los agrotóxicos».
Por todas esas razones, y ante éstos casos, «es que creemos que una zona de 200 metros libre de químicos es insuficiente y si bien lo ideal sería marcar ese límite a partir de los 1.000 metros para comenzar con la aplicación de los químicos de baja toxicidad».
«Un párrafo aparte merece el tema de las distintas clases de derivas que, una vez aplicado el producto, pueden generarse por ciertas condiciones climáticas, por lo que el tema de la distancia es más que importante para evitar el contacto con la población», continúa el parte de prensa.
En el escrito también toman como referencia parte del proyecto que el El Frente Progresista impulsa: «Este punto no lleva a la idea también planteada por el oficialismo de crear cortinas forestales. Frente a ésto decimos que, la medida constituye un paliativo a largo plazo y que los vecinos no podemos esperar a que crezcan los árboles para que el veneno no nos alcance. Creemos que es necesaria la cortina para dar una solución a largo plazo y además sugerimos que la misma sea realizada a no menos de 500 metros del límite de la zona urbana, para contemplar futuras ampliaciones de la zona poblada y para que no quede establecido además que detrás de esa cortina se puede fumigar con cualquier producto».
«Esto nos lleva también a preguntarnos si existe en el anteproyecto la idea de ir regulando las distancias de aplicación, según los niveles de toxicidad de los productos tal como se hizo en localidades como Hersilia. Debería – a nuestro parecer- también entrar en discusión las opciones agroecológicas que se le puedan ofrecer a los productores que trabajen los campos linderos a la zona urbana», indican.
En cuanto a los controles a las asperciones, los vecinos autoconvocados se preguntan cómo será el accionar del responsable de hacerlos en situaciones de fumigaciones simultáneas en distitos puntos del distrito. Si se dispondrá de mayor personal a cargo para realizarlas en épocas de fumigaciones y si se creará una especie de registro para que el productor informe que realizará la aplicación y se disponga algún método para la población que pueda ser potencialmente afectada por ésta, al residir en zonas aledañas. Además de articular con la policía un método de accionar rápido y efectivo cuando sean detectadas situaciones irregulares.
Para finalizar, «es fundamental que dicho anteproyecto no sea votado en forma apresurada. Consideramos que el debate al respecto debería tratarse en asambleas abiertas, que debería convocarse a profesionales de la salud, la ciencia y las leyes para evitar incurrir en errores que tal como están las cosas actualmente, se pagan con la salud de la gente. También creemos pertinente aguardar los resultados del campamento sanitario que se realizó en la ciudad antes de tomar medidas».
