Mediante un Decreto, el Gobierno congeló por 90 días el precio de la nafta y el gasoil

Mediante un Decreto, el Gobierno congeló por 90 días el precio de la nafta y el gasoil

El Gobierno estableció un tipo de cambio de $ 45,19 y un precio de referencia Brent de US$ 59 para las entregas de las petroleras.

Mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno congeló por 90 días el precio de la nafta y el gasoil en todas sus calidades y mediante todos los canales de venta.

El Decreto establece que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local “deberán ser facturadas y pagadas aplicando un tipo de cambio de referencia de $ 45,19 y un precio de referencia BRENT de US$ 59 por barril.

“Las empresas refinadoras y/o los expendedores mayoristas y/o minoristas deberán cubrir, a los precios establecidos en este decreto, el total de la demanda nacional de combustibles líquidos, de conformidad con los volúmenes que les sean requeridos a partir de las prácticas usuales de mercado”, establece el DNU publicado hoy.

Además, destaca que “las empresas productoras de hidrocarburos deberán cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido por las empresas refinadoras locales, proveyendo de manera habitual y continua a todas las refinerías ubicadas en el territorio de la República Argentina para la adecuada satisfacción de las necesidades internas”.

El DNU publicado hoy considera el articulo 42 de la Constitución Nacional, en donde “se establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Además, cita a la Ley N° 26.741 que establece, como un principio de la política hidrocarburífera de la República Argentina, “la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”.

El Gobierno consideró que ante “la magnitud de los recientes acontecimientos económico financieros desencadenados, de público conocimiento, es obligación del Poder Ejecutivo Nacional utilizar los instrumentos a su alcance y adoptar las medidas específicas necesarias para proteger a los consumidores”.

Fuente: Infocampo

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