La media sanción en el Senado provincial le abrió la puerta a una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal santafesino. De aprobarse los cambios, fiscales y jueces estarían dotados de mayores facultades para dictar prisiones preventivas y limitar las excarcelaciones. En contacto con Maldito Despertador – programa que se emite por Radio Cronos de lunes a viernes de 9 a 12 – Carlos Zoppegni, quien está al frente de la Fiscalía de San Jorge, explicó que la problemática en la jurisdicción que tiene a su cargo se sienta en la falta de personal.
«En los estándares internacionales hablan de un promedio de 8 o 9 fiscales cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos entre 60.000 y 70.000 personas más otras 5.000 o 10.000 en tránsito – aquellas que circulan por aquí y están en condiciones de ser investigados por la fiscalía de esta circunscripción – y estoy sólo. El déficit es tremendo. Acá deberíamos haber empezado con 3 personas».
Según contó, el trabajo del fiscal va en dos direcciones, la investigación y la acusación. La primera surge durante los primeros momentos del delito. En tanto, la acusación es la etapa posterior, cuando la causa ya se elevó a juicio. «Yo estoy en un 80% de mi trabajo haciendo la fase de investigación y cuando estoy por comenzar la fase siguiente me cae otro caso que debo comenzar a trabajar. Eso me quita tiempo», sostuvo Zoppegni.
En tanto, recordó que cuando surgió este nuevo Código Procesal Penal ya existía de manera previa un cupo de fiscales a ocupar. Sin embargo, el proceso jamás se llevó adelante. «La idea, ahora, es colocar nuevos cargos. Pero el problema es que nunca se asignaron los que estaban en carpeta».
Es más, Zoppegni aclaró que estaba previsto que en San Jorge haya dos puestos de fiscales cubiertos. De ese modo, quedaría todo más simplificado porque «cuando uno ataja lo que entra, el otro trabaja y le da salida a lo que ya está en proceso. Pero eso no se puede hacer actualmente porque estoy sólo», se lamentó.
Por último, brindó detalles sobre la cantidad de denuncias que llegan a su despacho anualmente. En promedio calculó entre 1800 y 2000 y explicó que actualmente no cuenta con la capacidad operativa para dar respuestas en la inmediatez que los casos necesitan. «Cada denuncia tiene mucho trabajo y amerita meses trabajando. El tema de abusos sexuales con Cámaras Gesell, atención a victimas y familiares y pericias, lleva mucho tiempo. Por ende, teniendo cupos limitados de personas es imposible cumplir en tiempo y forma», finalizó.
Los principales cambios a los que apunta el nuevo Código Procesal Penal se basa en puntos como, por ejemplo, la prisión preventiva, la flagrancia, allanamientos, detenciones y juicios abreviados.
Prisión preventiva. Los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictarla, manteniendo los mismos presupuestos pero sólo con recaudos: verosimilitud del derecho y peligro de fuga, o la proporcionalidad del delito.
Flagrancia. La reforma obligará a la Policía a detener a los imputados en los casos de flagrancia. Ahora tienen la posibilidad de detenerlos, pero con el cambio tendrán la obligación de hacerlo.
Detenciones. Se extenderá el plazo de detención que ordenan los fiscales. En la actualidad es de 24 horas, prorrogables por otras 24; la propuesta implica 72 horas con una prórroga de 24.
Allanamientos. Seguirá siendo obligatoria la autorización del juez previa al procedimiento del fiscal, pero se ampliarán los márgenes que hoy son de 12 horas (de 8 a 20) y se podrán realizar durante las 24 horas del día.
Juicio abreviado. La reforma establece una mayor rigurosidad en el procedimiento cuando se trata de delitos graves. En el caso de penas mayores a seis años se exigirá la conformidad no sólo del fiscal regional, sino también del fiscal general de la provincia.
