Diputados modificó el Código Procesal Penal y se traba la discusión

Diputados modificó el Código Procesal Penal y se traba la discusión

El proyecto volvió al Senado, donde algunos cambios no tendrían consenso. El tema se debate desde principios del año pasado.

El debate por el Código Procesal Penal (CPP) comenzó a principios del año pasado. El Poder Ejecutivo envió un mensaje a la Legislatura para la modificación de menos de 10 artículos de la norma y la Cámara de Diputados pidió que el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein y su par de Seguridad, Maximiliano Pullaro fueran a brindar explicaciones de los cambios que el Ejecutivo necesitaba.

El mensaje finalmente ingresó por el Senado que a mediados de 2016 decidió introducir muchas más reformas de las que pedía el gobernador Miguel Lifschitz. Eso hizo que algunos diputados pusieran reparos a los cambios porque de esa manera, entendían, se buscaba “más mano dura” en la persecución del delito.

La discusión se trabó y más de medio año estuvo en la Cámara baja sin llegar al recinto. Durante el receso del verano referentes de ambas cámaras acercaron posiciones en reuniones que incluyeron al propio Silberstein y al ministro de Gobierno Pablo Farías. Había un principio de acuerdo en el dictamen a tratar, pero a último momento en el Senado advirtieron que ese acuerdo se rompió y ahora esperan que el texto aprobado este jueves por diputados vuelva a la Cámara alta para ser analizado. Uno de los principales puntos en disputa es la ampliación o no de la prisión preventiva.

El presidente del bloque de diputados socialistas, Rubén Galassi, fue el encargado de presentar las reformas. Algunas tienen que ver con la adecuación de conceptos y otras con la política criminal. Galassi destacó que en casos de violencia de género y en hechos cometidos con armas de fuego los fiscales ya no podrán prescindir de perseguir ese tipo de delitos.

“Ya no habrá excusa que valga”, aseguró y agregó que las modificaciones introducidas ampliarán los derechos de las víctimas y permitirán una mayor participación de las mismas y de los querellantes durante el desarrollo del proceso incluso con la posibilidad de pedir medidas cautelares como la prisión preventiva. Además, los querellantes podrán recurrir al fiscal regional si entienden que el fiscal no está llevando adelante todas las actuaciones que el proceso demanda.

También expuso que uno de los objetivos que se persigue es la agilización del proceso, con la posibilidad del acuerdo entre las partes –algo que fue objetado por otros legisladores– y que lo que se busca es aumentar la eficacia de la persecución y el esclarecimiento del delito.

En ese sentido, Galassi mencionó que en el artículo 212, que hace referencia a los casos de flagrancia, se cambió el término “podrá” por “deberá” aprehender a quien encuentre en situación de cometer un delito.

Otras de las modificaciones buscan ampliar las facultades y obligaciones de los fiscales que incluso en casos excepcionales de delitos complejos podrán ampliar el período en el cual pueden mantener en secreto sus actuaciones.

En el caso de la duración del plazo de la prisión preventiva, Galassi dijo que las reformas garantizan que para llegar a la audiencia imputativa nunca se podrá exceder de las 96 horas. El fiscal dispondrá de la posibilidad de dictar esa medida por un plazo de 72 horas que se podrá prorrogar por otras 24 horas, no más.

Otro de los puntos más polémicos fue el de los allanamientos. Tal como hasta ahora –el Senado era aún más flexible en este punto– la orden debe estar por escrito y firmada. Sin embargo, Galassi dijo que a eso se le puede sumar tecnología para agilizar la actuación de las fuerzas de seguridad. Allí, el diputado socialista mencionó el sistema de comunicación encriptada que la provincia está pronta a implementar y que garantizaría que no haya posibilidades de filtraciones u obstrucciones de terceros.

El proyecto recibió 36 votos afirmativos –varios en disidencia con algunos artículos– y nueve negativos (Mercedes Meier y Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular; Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Patricia Chialvo, Germán Baccarella y Leandro Busatto).

Las principales objeciones estuvieron centradas en las modificaciones que se hicieron en la facilitación de los allanamientos que incluso prevé la posibilidad de que ante la falta de testigos alcance con la filmación de los procedimientos.

También se pusieron reparos en la ampliación de la facultad de los fiscales con fuertes oposiciones a que esos actores sean los encargados de definir si una causa debe pasar a archivo o no; en la calidad de las fuerzas de seguridad que llevan adelante los procedimientos, por lo que se solicitó una mayor premura en la puesta en funcionamiento de la Policía de Investigaciones que estará bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Asimismo Del Frade cuestionó esta reforma de un código relativamente nuevo y dijo que eso responde a una coyuntura, ya que aseguró que los tiempos se aceleraron luego de las marchas que se hicieron en el sur provincial bajo la consigna “Rosario sangra”. Ese mismo legislador también cuestionó las modificaciones que se están haciendo porque no conducen a la persecución del delincuente de guante blanco, sino que “lo que pretende es mano dura contra los pobres y contra los pibes”.

Sin embargo, el diputado radical Santiago Mascheroni, dijo que estas modificaciones no solo son un resultado de la experiencia que se tuvo hasta el momento sino que es probable que haya que introducir nuevas modificaciones a futuro. Además le puso cifras a los problemas: en el período 2016-2017 hubo 121.000 causas abiertas de las cuales fueron a archivo 116.000. “Esto es lo que nosotros tenemos que abordar.

Nosotros no podemos seguir tolerando que el 90 por ciento de los casos vaya a archivo”, dijo.

Por último, pintó el escenario político y marcó las dificultades en medio de las cuales se está discutiendo. “Esto responde a la necesidad de encontrar una salida técnico política en consenso con lo que vino del Senado que es un disparate. Tenemos que advertirlo con seriedad. Podemos hacer la mejor de las disquisiciones de las sanciones, pero si no tenemos dos tercios y el Senado insiste (con su mensaje original), yo no sé cuál va a ser el debate de la próxima sesión. No vamos a tener legislación, ni en todo ni en parte”, advirtió y aseguró que estas modificaciones tienen más ventajas que cuestiones negativas.

Luego de la media sanción de diputados, el debate sigue abierto, pero con poco margen para el acuerdo de dos posiciones que hoy se sienten acusadas de garantismo bobo o de mano dura. La presión social, hoy, no es la misma. Y aunque eso no quiera decir que los actores políticos se deban relajar en sus responsabilidades, sí puede significar una oportunidad para meditar cuál es el mejor camino y no el más corto.

Fuente: La Capital

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