“No se puede regular el mercado creando monopolios de acuerdo a rubros ya establecidos”

“No se puede regular el mercado creando monopolios de acuerdo a rubros ya establecidos”

Mediante un comunicado de prensa, Franco Cáneva, el representante legal de Mariano Díaz detalló las causas el proyecto de ordenanza no tiene fundamentos firmes.

La polémica por el proyecto de ordenanza aprobado en el Concejo que suspende la habilitación de nuevos comercios por 180 días sigue dando que hablar. Ahora, mediante un comunicado, el abogado de Mariano Díaz, Franco Cáneva, aclaró que “lo que corresponde hacer aquí no es más que reconocer el error y apresuramiento (seguramente cometido de buena fe) y esperar que el Ejecutivo Municipal ya con más tiempo y adecuadamente asesorado, evite promulgar una ordenanza claramente inconstitucional ya que de hacerlo no solo incurriría en acto claramente arbitrario y contrario a derecho sino que además colocaría al Municipio en situación de tener que responder por los daños y perjuicios que tal determinación va a ocasionar en perjuicio de todos los ciudadanos, entre los cuales me incluyo”.

La situación que divide las aguas en Sastre sigue trayendo tela para cortar. Diferentes voces se siguen sumando y dejan su postura al respecto. Y ahora, el representante legal de Mariano Díaz emitió un escrito en donde expone varias aristas por las cuales fundamenta su postura. “Existe un error en el planteo de los comerciantes quienes quizás de buena fe, piensan que la solución a sus problemas de ventas, cargas impositivas y demás gastos, pasa por impedir la competencia. El de comerciante es un oficio noble y difícil de sobrellevar en momentos críticos y sinceramente quienes propugnan ese tipo de soluciones van contra los mismos principios que les permitieron transformarse en esa condición”.

El parte asegura que el planteo es “contradictorio” ya que de haberse aplicado hace tiempo atrás “lo que ellos mismos hoy proponen, jamás se podrían haber transformado en comerciantes”.

En tanto, Cáneva también deja su visión respecto a la decisión de los ediles locales de aprobar por unanimidad y sobre tablas la suspensión de habilitaciones de nuevos comercios por 6 meses. “Es notorio el apresuramiento del Concejo en hacerse eco del pedido, ante la coyuntura de la inminente apertura de un nuevo comercio – de manera preventiva según refieren en sus argumentos – y en vistas a poder aggiornar las regulaciones ya establecidas por ese órgano en tal sentido”.

Por otro lado, el abogado sostiene que si la idea es habilitar una etapa de discusión “lo lógico hubiera sido mantener el estado de cosas, hasta tanto se revea la situación y no preventivamente prohibir nuevas habilitaciones, mientras se estudie y profundice el caso. `Como no sabemos si las ordenanzas vigentes se ajustan a las disposiciones de nuevo Código Civil y Comercial, entonces mientras tanto suspendemos las habilitaciones´. No es un argumento serio”.

En la misma línea, Cáneva aclara que no se puede suspender “por las dudas y para brindar una suerte de respuesta demagógica a la inquietud presentada por un grupo de comerciantes, que no están pasando por su mejor momento”, y continúa: “Es que con la retórica de la suspensión, se mete el Concejo en el fondo del asunto e impide el ejercicio de derechos y garantías constitucionalmente consagrados, por caso el de ejercer el comercio, el de trabajar y el derecho de propiedad en su sentido más amplio. No puede ni el Concejo ni el Municipio regular el mercado comercial, determinando rubros permitidos o vedados, creando monopolios de acuerdo a los intereses de los comerciantes del rubro ya establecidos”.

Por último, en otro pasaje del escrito, el representante legal de Díaz asegura que el rol asignado al Municipio es resguardar la seguridad física y en todo caso sanitaria de los locales comerciales que pretendan gestionar una adecuada habilitación. “Allí sí, debe intervenir con el mayor de los rigores, pero ciertamente no puede entrometerse en cuestiones de fondo a punto tal de significar en la práctica una prohibición por seis meses de ejercer el comercio, de trabajar y de asegurar la libre disponibilidad de la propiedad privada, a quienes claramente cumplen con los requisitos que la normativa prescribe en vistas a su habilitación”.

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